Después de
una agitada sesión, en la que abundaron los debates sobre las capacidades del
aparato digestivo nacional, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó por
fin un proyecto que hacía falta en el menú de los colombianos: el de la ley contra
el hambre.
Según manifestaron
los parlamentarios del Polo Democrático, padres y madres del proyecto, la norma
“garantizará el derecho a la alimentación y a no padecer hambre a todos los
ciudadanos en situación de vulnerabilidad y fragilidad social”.
“Es un
mandato elaborado con tanta sabiduría, y tan a gusto de los buches vacíos, que
de seguro su contenido dejará satisfecha a la barriga más necesitada, y después
del cual ni África volverá a hablar de hambres, y mucho menos de hambrunas”, ha
dicho por su parte y con orgullo Augusto Posada, presidente de la corporación
legislativa, y hoy, por qué no, corporación nutritiva.
Contra el
optimismo alimenticio de Posada reaccionaron las fuerzas vivas de la Nación, en
particular aquellas que se han acostumbrado tanto al hambre que hasta sin
estómago se quedaron, y expresaron serias dudas acerca de la aplicación de una
norma como ésta, cuyo propósito único, qué duda cabe, es mantener despierto el apetito
de las personas con hambre.
La mejor
alimentada de esas fuerzas ha dicho, en efecto, que “en Colombia, hecha la ley
hecha la trampa, y no veo por qué una ley contra el hambre deba ser la
excepción a esta norma”.
Y otra de
esas fuerzas vivas agregó que “conocemos poblaciones enteras, en el Chocó, por
ejemplo, que han vivido tanto del hambre y tan contentas de ella, que el
padecerla lo aceptan ya como uno de sus derechos fundamentales, y cualquier ley
a favor de la glotonería, como con seguridad considerarán a ésta, la tendrán
sin apelación como una violación de ese derecho”.
La Cámara de
Representantes “muy pronto se cansó del pesimismo criollo, y resolvió entonces enfrentar
ella misma ese cansancio suyo, y por eso la mesa directiva ordenó un viaje a la
paradisíaca isla de San Andrés de su equipo completo de lagartos, incluidos en
éste, claro está, los 166 honorables miembros que por elección la conforman”,
informó Augusto Posada.
Y agregó: “si
bien viajamos nosotros con disfraz de turistas para evitar ser reconocidos como
parlamentarios o como políticos, no lo hicimos para ejercer soberanía muestra sobre
la Isla, como habíamos anunciado, sino para prometer a los isleños que un
futuro mejor para ellos y sus hijos no residirá en la industria pesquera, sino
en nuestra famosa ley contra el hambre”.
“Y por qué ir
con esas promesas a los isleños”, se pregunta la opinión pública nacional.
Porque los
representantes a la Cámara habían oído que, como consecuencia del algún fallo
de alguna Corte Internacional, las langostas y los peces colombianos son ahora nicaragüenses,
y que este cambio de nacionalidad los había hecho inmunes a los métodos de
pesca de los sanandresanos.
Y también porque,
según la información anterior y el olfato político de los representantes, capaz
éste de detectar el hambre a una distancia en tiempo futuro de 20 años, poco
falta para que las hambrunas del Chocó sean trasladadas a San Andrés y Providencia
por el gobierno de Santos.
No ha sido
posible medir cuánta soberanía le aportó a Colombia la visita de la Cámara de
Representantes, y no se sabe si los sanandresanos aprovecharán la ley en su
lucha contra el hambre que se les aproxima, o si ya están elaborando para ella la
trampa perfecta.
Solo se
conoce que a raíz de la visita parlamentaria nació un movimiento ciudadano en
la Isla, que ha cobrado fuerza extraordinaria gracias a la consigna “Preferimos
una mala tumba bajo Ortega a una placentera hambruna bajo Santos”.